AGOSTO 19 2026
Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz Ahlf protagonizó un posicionamiento histórico en favor de los derechos de las personas con discapacidad, al despojarse de su implante coclear para visibilizar las barreras de comunicación e insistir en la obligatoriedad de la consulta previa en cualquier reforma legislativa que impacte a este sector.
El debate en el Pleno
El Máximo Tribunal analizaba la Acción de Inconstitucionalidad 104/2022, promovida contra diversas reformas a la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Código Municipal de Tamaulipas, en las cuales se abordaban aspectos como la cuota laboral del 3% en la administración pública estatal.
Durante la discusión, la ministra enfatizó que cualquier norma dirigida a esta población carece de validez legítima si no cumple con un proceso de consulta:
- Previa, libre e informada.
- Directa y accesible mediante formatos adaptados.
- Realizada bajo el principio internacional: «Nada sobre nosotros sin nosotros».
«No pueden decidir por nosotros»: el testimonio
Para ilustrar de manera tangible la exclusión que enfrentan a diario miles de personas en el país, Ortiz Ahlf se retiró su prótesis auditiva frente a los demás integrantes del Pleno y compartió su experiencia de vida con sordera congénita de un oído:
«Sé perfectamente lo que es estar incomunicada y no poder escuchar lo que los demás dicen. Las personas sin discapacidad no pueden colocarse en nuestros zapatos ni decidir unilateralmente qué medidas nos benefician sin escucharnos primero.»
Puntos clave del posicionamiento
- Vicios de origen: La omisión de foros y mecanismos de participación directa invalida los procesos legislativos que pretendan regular derechos de inclusión.
- Estándares internacionales: México mantiene compromisos firmes ante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que exigen la participación activa del colectivo en la toma de decisiones públicas.
- Inclusión real en el servicio público: Las cuotas laborales e incentivos deben construirse a partir de las necesidades reales manifestadas por las propias personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
REDACCION IMPACTO TAMAULIPAS.